La discusión de la reforma fiscal nos tiene empantanados y atenazados desde hace tiempo en el dilema paralizante de si se debe reformar el sistema tributario o si se debe reducir el gasto público para atacar el problema del déficit fiscal.  En la presente coyuntura muchos achacan a Carlos Alvarado y su PAC su inclinación por subir impuestos sin tocar gasto, en particular lo que implique reformas al empleo público. Otros parecen apostar que el evangelismo político de Fabrico Alvarado irá acompañado de derechismo económico y, por tanto, abogará por la reducción del gasto público sin tocar el sistema tributario y apostando a la reactivación económica.

Les corresponderá a ellos defenderse de una u otra imputación si es que consideran que es incorrecta o, por el contrario, defenderla con bravura. Lo que sí me parece claro es que la primera propuesta corresponde a lo que podríamos llamar una propuesta de “izquierda fiscal”, mientras que la segunda a una de “derecha fiscal”.  Considero que ambas son un error.

 Costa Rica ha sido exitoso como país de centro. Por lo tanto, necesitamos una propuesta de CENTRO FISCAL. NO una PROPUESTA DE IZQUIERDA FISCAL, NO UNA PROPUESTA DE DERECHA FISCAL.

Una propuesta de CENTRO FISCAL debería abarcar, grosso modo, lo siguiente:

  1. Promover un acuerdo nacional para realizar reformas fiscales TANTO en la parte de gasto público como en la parte de ingresos, en particular en el sistema tributario. Esto incluye reformar el Reglamento de la Asamblea legislativa, pues los temas fiscales han sido los más afectados por la posibilidad que tienen las minorías de boicotear a la mayoría, inundando de mociones cualquier proyecto que impiden votarlo en plazos razonables.
  2. Medidas concretas:
  • Reformar el régimen de empleo público, para limitar y uniformar los salarios en todo el Estado y sus instituciones autónomas, con regímenes de incentivos ligados al desempeño y a la consecución de resultados medibles según indicadores, con respeto de derechos adquiridos.
  • Reformar el régimen de pensiones para evitar regímenes privilegiados o abusivos.
  • Reformar la Ley de Planificación Nacional y la de Administración Financiera y presupuestos públicos para establecer: a) la creación de leyes de planificación sectorial de largo plazo, que deberán ser aprobadas por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa; b) reordenamiento de un sistema de planificación de mediano y corto plazo basado en indicadores específicos y apropiados por cada área material de actuación del Estado, que permita asignar recursos presupuestarios a cambio de una evolución positiva medible de esos indicadores, así como en compromisos de resultados establecidos para toda la estructura orgánica de las instituciones; c) inclusión de créditos presupuestarios plurianuales d) establecer la obligación de construir el presupuesto con base a resultados por programas tanto institucionales como interinstitucionales; e) incluir en el presupuesto una sección de gastos o beneficios tributarios.
  • Aprobación de una regla fiscal que limite el nivel de déficit fiscal y de endeudamiento como porcentajes del PIB, con flexibilidad en épocas de recesión económica que permita la aplicación de medidas temporales contracíclicas (gasto en inversiones financiado con deuda).
  • Reforma del impuesto sobre la renta para: ampliar su concepto de renta, de modo que toda ganancia de capital realizada sea gravable; introducir la mayor globalidad posible en el impuesto para que un sujeto persona física tribute por el conjunto de las rentas de todo tipo que recibe a una escala progresiva moderada, con reconocimiento un mínimo exento individual y familiar, y una proporción deducible de gastos médicos, en educación y en vivienda, pudiendo haber excepciones en el tratamiento de rentas de capital y ganancias de capital pasivas, que podrían someterse a tributación en una base imponible especial a un tipo impositivo fijo; tributación a una sola tarifa impositiva de todas las rentas de la empresa (personas jurídicas), incluyendo las rentas y ganancias de capital provenientes de activos tangibles e intangibles afectos a la actividad empresarial.
  • Reforma del impuesto general sobre las ventas para ajustar su regulación al modelo moderno del impuesto al valor agregado, para incluir así el gravamen general de bienes y de servicios, aplicar un criterio para el reconocimiento de los créditos fiscales de carácter financiero y no de incorporación física y gravar la importación de servicios consumidos por los contribuyentes del impuesto o por consumidores finales de servicios digitales.
  • Incluir tributos ambientales –como un impuesto a los rellenos sanitarios (landfill tax)- que sirva para financiar la seguridad social